El escándalo ya conocido como Qatargate, uno de los mayores en la historia reciente de las instituciones europeas, amenaza con seguir más de cerca a los Eurodiputados
El juez belga a cargo de la investigación de los supuestos sobornos de Qatar a eurodiputados y otros miembros del Parlamento Europeo han decidido culpar a cuatro de los seis detenidos el pasado viernes, entre ellos una de las vicepresidentas de la Eurocámara, la griega Eva Kaili, y otro antiguo eurodiputado italiano, según informó la Fiscalía Federal de Bélgica el pasado domingo.
La policía registró, además, la noche del sábado el domicilio de un segundo eurodiputado, el belga Marc Tarabella. Tanto él como Kaili fueron suspendidos el sábado con “efecto inmediato” de todas sus funciones por la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.
PHILIPPE BUISSIN (EUROPA PRESS)
Acusaron a los cuatros detenidos de pertenecer a una organización criminal de blanqueo de dinero y corrupción por lo que, automáticamente los arrestaron. Sin embargo, se ha decidido liberar a los otros dos detenidos al terminar el plazo de 48 horas de arresto preventivo sin cargos.
Los detenidos del Qatargate
Entre los detenidos, además de Kaili, se encuentra el exeurodiputado italiano del S&D Pier Antonio Panzeri. Otro de los imputados es un antiguo asistente de Panzeri y pareja de Kaili, Francesco Giorgi, mientras que el cuarto parece ser un lobista de Bruselas al que Le Soir solo identifica como “F”.
De los seis detenidos, liberaron a dos: el padre de Kaili, que había sido detenido saliendo de un hotel de la capital belga con una maleta llena de dinero, y el secretario general de la Confederación Sindical Internacional (CIS), Luca Visentini, que ha quedado en libertad condicional.
Lo conocido como “Qatargate”
En los 16 primeros registros que realizaron los investigadores, el viernes se encontraron unos 600.000 euros. La justicia belga cree que Qatar ofreció “sumas de dinero sustanciales” o “regalos importantes” a personas con una “posición política o estratégica significativa” en la Eurocámara para lograr “influir en las decisiones del Parlamento Europeo”.
Sin embargo, el Gobierno catarí ha negado cualquier implicación en una “conducta inapropiada” y ha asegurado que “opera siempre en total cumplimiento de las leyes y regulaciones internacionales”.